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VII Congreso CUT

Declaración del PTC. Duque y el uribismo toman el camino de “volver trizas los Acuerdos de Paz”.

Declaración del Partido del Trabajo de Colombia - PTC

Duque y el uribismo toman el camino de “volver trizas los Acuerdos de Paz”

El anuncio del presidente Duque, conforme a los más oscuros designios del Centro Democrático y su jefe Álvaro Uribe, de objetar seis artículos de la Ley Estatutaria de la JEP y anunciar una reforma constitucional para modificar el Acto Legislativo 01 de 2017, es el mayor golpe que el uribismo y la más dura derecha han dado a la implementación de los Acuerdos de Paz.

La objeción es un claro incumplimiento por parte del Estado colombiano de sus obligaciones derivadas del pacto que busca finalizar un conflicto armado y una violencia política que asoló a nuestro país por más de media centuria con costos incalculables en vidas, heridos, desplazamientos, personas en condición de discapacidad, daños a la infraestructura, daños irreparables al medio ambiente y dramáticas restricciones al ejercicio de la democracia.

En carta enviada hoy a la ONU, a su Consejo de Seguridad y a la Corte Penal Internacional, la sociedad colombiana, con la excepción de los sectores más retardatarios y guerreristas, señala que la posición del Gobierno de Duque es “un intento de lesionar gravemente la implementación del Acuerdo, la estructura y funcionamiento de la JEP, así como el sistema diseñado para honrar los derechos de las víctimas”.

El Procurador General también ha sido tajante en sus declaraciones, “Las objeciones son improcedentes, estamos en el campo del irrespeto a la intangibilidad de las decisiones de la justicia, la Corte Constitucional ya realizó control único y posterior a la Ley Estatutaria de la JEP”.

Los logros de la minga del Cauca

Por: Fernando Dorado

Después de 26 días de protesta, las comunidades indígenas, campesinas y afros del Cauca y de resguardos del Huila, Valle del Cauca, Caldas y Risaralda (Colombia) lograron un acuerdo con el gobierno para despejar la carretera Panamericana, única vía de comercio internacional con el sur del continente.

La minga no ha terminado. El plato fuerte será el debate público con el presidente Duque que han exigido las comunidades desde los inicios de la protesta. Posiblemente se realice este martes 9 de abril. Debe ser el escenario para que la opinión pública conozca las reivindicaciones de los pueblos indígenas y campesinos del Cauca en temas de paz, medio ambiente y modelo de desarrollo.

Aunque falta ese sustancial remate, se puede elaborar desde ahora un balance de esta gesta popular. Los dirigentes de la minga han dicho que esa lucha no se detiene, que continuará “caminando la palabra” y propiciando encuentros y acciones para profundizar las luchas sociales que durante tanto tiempo estuvieron represadas por efecto del conflicto armado.

Es bueno precisar el tipo de balance. Hay quienes valoran los resultados de la lucha con base en los logros tangibles, especialmente los recursos obtenidos para inversión social. Es la visión del gobierno y de aquellos sectores que todo lo miden con dinero. También están los que tasan los logros en hectáreas de tierra comprometidas para ser entregadas a las comunidades que, aunque es un tema importante, es secundario frente a la necesidad de una verdadera política de democratización de la propiedad de la tierra.

En ese sentido se podría decir que el balance es satisfactorio, aunque no suficiente. La mayoría de esos recursos estaban asignados, pero no asegurados. Ahora viene la tarea de impedir que se queden enredados en los trámites burocráticos que tienen la función de impedir que los recursos lleguen a las comunidades.

TESIS DEL SINDICALISMO DEMOCRATICO AL VII CONGRESO DE LA CUT COLOMBIA.

DIRIGENTES DEL SECTOR DEMOCRATICO EN LA CUT NACIONAL.

Fabio Arias Giraldo – Fiscal

Rosalba Gómez – Directora Dpto. Mujer

Ligia Inés Alzate – Directora Dpto. Asuntos Jurídicos

Luis Eduardo Varela – Director Dpto. Seguridad Social

Jairo Arenas- Director Dpto. Recursos Naturales y Medio Ambiente

Jorge Cortés – Primer Vicepresidente

Libardo Ballesteros – Director Dpto. Asuntos Campesinos y Étnicos

Francisco Maltés – Director Dpto. Organizaciones Sociales

DERECHIZACIÓN EN EL MUNDO

Algunas facetas que caracteriza la globalización neoliberal: la polarización económica en la sociedad y la explosión de exclusiones que degradan la dignidad humana y la depredación ecológica que la super explotación del capital hace al planeta.

En el mundo del trabajo la explotación, la exclusión y la marginalidad multiplican las formas y modalidades del crecimiento de la pobreza y los atropellos a la dignidad humana. La segmentación del mundo en países posindustriales, industriales y extractivistas, apunta a una mayor marginalidad y a la profundización de una injusta distribución de la riqueza. Allí donde los mercados no crecen, aparecen las guerras para imponer economías extractivistas, apropiarse de recursos y potenciar la apertura de las economías de mercado.

Con la llegada de Trump a la presidencia de los EE.UU. se consolida el proyecto de extrema derecha a nivel mundial, caracterizado por planes expansivos de dominio territorial y restricción de los derechos humanos, logran avanzar en América Latina gobiernos de esa tendencia, dentro de los cuales se destaca el derechista Bolsonaro en Brasil, y el de Colombia que tiene además la modalidad de gobierno en cuerpo ajeno.

A nivel de América Latina hay un retroceso de los gobiernos alternativos en Argentina, Chile, Brasil y Ecuador, reconquistados por la derecha y expresiones neoliberales, existiendo una agresión de Estados Unidos y sus aliados en la región contra Venezuela, acudiendo a todo tipo de injerencia e interviniendo en sus asuntos internos, lo que rechazamos categóricamente.

En el concierto mundial se destacan como grandes protagonistas Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y China cuyos movimientos políticos y económicos determinan los avances y retrocesos de la actual geopolítica mundial. Pero Estados Unidos sigue siendo la mayor potencia imperialista mundial. En este marco se desarrolla una guerra comercial entre EE.UU. y China cuyas repercusiones en el mundo conducen a una estrategia geopolítica por el control de los mercados, los avances tecnológicos y los territorios.

LA CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES DE COLOMBIA CONVOCA EL VII CONGRESO. 7 AL 10 DE MAYO. BOGOTÁ.

La Cut, la mas poderosa central de trabajadores en Colombia convoca su Congreso estatutario del 7 al 10 de Mayo en el centro de convenciones EL AGORA en Bogotá, Evento de suma importancia para los afiliados y sus organizaciones pues en este de trazara el norte a seguir en los próximos cuatro años para la Central. Temas como el derecho al trabajo decente, a la paz, la soberanía y los derechos de los pueblos serán debatidos en democracia por este que es la máxima instancia democrática y decisoria de la Central. Anexamos la Convocatoria respectiva. Pero Ademas y como espacio de inclusión y democracia se realizaran dos congresos anticipados que aportaran importantes insumos: el congreso de Juventud Trabajadora Cut y el congreso de Mujeres Trabajadoras Cut. Allá estaremos!!!!!!....VIVA LA CUT..!!!!!







FESTÍN DE LOS FONDOS PRIVADOS Y EL GOBIERNO CON LAS PENSIONES.

Por: Fabio Arias. Fiscal de la Cut Nacional.

Los colombianos debemos desentrañar el engaño de la AFP y trasladarnos a Colpensiones, si queremos el derecho a la pensión. Y los que no lo logren reclamar una “renta universal”

En la paradisíaca Cartagena sitio de todas las convenciones del gran empresariado y las grandes multinacionales en Colombia se realizó la semana anterior el Congreso Nacional e Internacional de los Fondos Privados de Pensiones y Cesantías representados respectivamente en Asofondos y la Fiap.

“Siempre se habla de la reforma pensional. En realidad, de lo que se trata es de tener un sistema de protección integral para la vejez colombiana. No es si le hacemos un ajuste o no, pequeño o grande o mediano a la normatividad vigente, sino cómo podemos lograr en nuestro país un sistema de cobertura y de protección al adulto mayor, al pensionado, al vulnerable, que llega a superar el umbral de los 65 años”.

Estas fueron las motivaciones del ministro de Hacienda el Dr. Alberto Carrasquilla en dicho congreso. El presidente Iván Duque en la clausura del evento anotó en la misma dirección que “Es más importante, en este momento, la discusión sobre cómo tenemos una mayor cobertura y cómo tenemos una mejor distribución de los subsidios, enfocándonos en los que más lo necesitan, que entrar en ese debate de la edad de pensión, debate que el Gobierno nacional ni va a propiciar ni va a convertir como eje central de esta reforma”.(No dijo que no modificaría la edad como si lo afirmó el vice de empleo del Mintrabajo el Dr. Uribe).

Adicionalmente el presidente de Asofondos el Dr. Santiago Montenegro habló de lo alto que es el salario mínimo en Colombia comparado con el salario promedio (el 70%). Coincidió plenamente con el gobierno en las motivaciones para la protección a la vejez, no una reforma pensional, lo mismo que se dijo en la tributaria y expresó, igual que el gobierno que los anticipos de esta reforma están en el PND.

CUT llama a solidaridad nacional con la Minga Indígena

Declaración política de la LXIII Junta Nacional de la CUT

La Juventud de la CUT rechaza el gobierno de Duque y su PND y se moviliza por la defensa de los derechos laborales y la paz.

Declaración Política – Encuentro nacional de juventud trabajadora
Central Unitaria de Trabajadores – CUT
Marzo 15 y 16 de 2019

El mundo vive una profunda crisis económica de sobreproducción, hecho que agudiza la guerra comercial y la búsqueda de mercados por parte de las potencias económicas. Estados Unidos, ha profundizado su política de neocolonización y sometimiento en Colombia, Venezuela y el resto de nuestro continente. Los jóvenes de la CUT ratificamos nuestro rechazo a la injerencia en los asuntos internos de los países, a posibles intervenciones militares y hacemos un llamado al respeto por la autodeterminación de los pueblos.

Colombia atraviesa una grave situación económica, los flujos netos anuales de inversión extranjera pasaron de 6.000 millones de dólares entre 2002 y 2010 a 14.000 millones entre 2010 y 2016. La inversión extranjera directa (en minería, petróleo, industria, transporte, comercio, etc.) a marzo de 2018 sobrepasó los 182.000 millones de dólares y la de portafolio (acciones en bolsa, bonos, TES, etc.) alcanzó los 87.000 millones de dólares. Por otro lado el endeudamiento del país en 8 años pasó de 234 a 527 billones de pesos. En términos concretos, la economía colombiana cada vez más se ha vuelto dependiente a la variable del capital extranjero y del endeudamiento financiero.

El Gobierno de Iván Duque, fiel a sus antecesores Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe y Santos, ha tomado la decisión de recargar el modelo de capital extranjero sobre la producción, el ahorro y el trabajo nacional, bajo la fórmula de mayores gabelas a las grandes multinacionales y el capital especulativo; y bajos salarios, reducción de costos laborales e impuestos para la clase media, los asalariados y los sectores más desfavorecidos.

El resultado ha sido caótico, la tasa general de desempleo pasó del 9,4% en 2017 a 9,7% en el 2018, la tasa de ocupación disminuyó del 58,4% al 57,8% según cifras del DANE . Lo anterior, sumado al perturbador hecho de que 6 de cada 10 colombianos se encuentran en la informalidad o el rebusque. Pero estas cifras son mucho más graves para la juventud, en los jóvenes entre 14 y 28 años, el desempleo llega al 16,9% y la ocupación ha bajado con respecto al 2017. La situación se agrava cuando se revisan a profundidad los datos sobre cotización a pensión, pues en el 2012 el 46% de los cotizantes lo hacían durante los 12 meses y ahora escasamente la cifra llega al 34% , lo que indica que cada vez son menos los trabajadores que logran conseguir un contrato indefinido que le permita cotizar permanentemente a pensión.

Junta Nacional llama a la unidad para conquistar el pliego de peticiones y rechazar el PND

El pasado 28 de marzo, se realizó en el auditorio de la sede de Fecode, la Junta Directiva Nacional extraordinaria, instancia organizativa que cobija en su seno a los presidentes y delegados de los sindicatos filiales más los miembros del Comité Ejecutivo.

La sesión inició con la presentación de los informes por parte del presidente de la CUT Nacional, Diógenes Orjuela, quien llamó a la unidad e invitó al paro del 25 de abril y hacer oposición al lesivo Plan Nacional de Desarrollo; la Coordinadora de Organizaciones Sociales también invitó a participar en el paro programado del 25 contra el PND y a respaldar las diferentes acciones que emprenda la Minga del pueblo caucano.

Posteriormente, el presidente de Fecode, Nelson Alarcón, se refirió a los 60 años de vida institucional de Fecode, y llamó a legitimar la democracia sindical, a trabajar con la más férrea unidad, para conquistar el pliego nacional de peticiones y rechazar el PND; a la vez, que convocó a manifestar desde las filiales nuestro respaldo a la minga del Pueblo Caucano.

Sobre el proceso de negociación de Fecode con el Ministerio de Educación, manifestó que en el punto 1.1. del pliego. Este punto de la negociación es vital, puesto que de él dependen muchos otros puntos. Al respecto, hay algunos avances. Por ejemplo, el gobierno acepta hacer una reforma constitucional, buscar los recursos crecientes y progresivos, el cierre de 6 brechas (a las cinco ya conocidas se suma la educación rural).

Sin embargo, la discusión está en que el gobierno ubica una propuesta sustitutiva al artículo 206 del PND que dejó por fuera a FECODE. Envía propuestas regresivas a las conquistas que se han ganado en las calles con la lucha, en la movilización y con el paro. En este contexto, si agotados los primeros 20 días de negociación y no hay avances se debe articular el accionar del Magisterio a la discusión y los logros de la mesa nacional estatal y conocer la posición de la CUT.

La minga del Cauca: justa protesta de las comunidades indígenas

Por Néstor Pardo
Secretario del PTC en el Cauca


El 10 de marzo más de 15 mil indígenas, afros y campesinos, organizaciones sociales y procesos populares de los departamentos del Cauca, Huila, Nariño y otras regiones del país iniciaron la “Gran minga por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz” que exige el cumplimiento de más de mil acuerdos incumplidos por este y los anteriores gobiernos durante décadas. Señala un comunicado del Cric: “La figura presidencial construida sobre el discurso beligerante de la guerra ha escondido las problemáticas sociales, económicas y culturales de los pueblos indígenas, sectores sociales y procesos populares… Pero ahora los problemas de la vida real de los colombianos están exacerbados y agravados por un conflicto interno y una crisis económica, social, cultural y ambiental que golpea muy duro al pueblo colombiano… Por ello se hace necesario, imprescindible e inaplazable este caminar colectivo desde el suroccidente”.

Las comunidades movilizadas en minga han manifestado públicamente que:

● Desde el Cauca, Huila, Valle y Caldas proponemos al país creer y construir el proyecto de vida colectivo para el buen vivir de los pueblos, pues el actual nos impone muerte, desolación, destrucción y afectaciones a los planes de vida de todas y todos.

● Como pueblos unidos exigimos al Estado el respeto y las garantías para la materialización de los derechos civiles, políticos, culturales, económicos, colectivos y de medio ambiente que la Constitución, la ley, la jurisprudencia de las altas cortes y los instrumentos internacionales de derechos humanos y que protegen los derechos de los pueblos indígenas.

● Los pueblos indígenas, campesinos, afros, sectores populares y organizaciones sociales, hemos venido construyendo paz desde los territorios, y en este sentido queremos que el Gobierno Colombiano garantice la paz mediante los Acuerdos de Paz firmados y los diálogos que faltan con los demás actores armados legales e ilegales que desarmonizan nuestros espacios de vida.

● Provenimos de la madre tierra y como madre la defendemos y cuidamos incluso con la vida que ella nos entregó. La madre tierra no es un objeto para explotar y mercantilizar, por el contrario, para los pueblos en minga, el territorio es un espacio de vida y nuestra única oportunidad para seguir perviviendo física y culturalmente.

Gran paro nacional el 25 de abril.

Bogotá, 3 abr (Prensa Latina) Movimientos políticos y sociales de Colombia alistan hoy un gran paro nacional para el 25 de abril en defensa del Acuerdo de Paz y en rechazo al Plan Nacional de Desarrollo (PND) del Gobierno.

'Vamos todos a las calles y carreteras de Colombia en defensa de la vida, el territorio, la democracia, la paz', expresaron en una declaración unas 200 agrupaciones sindicales, estudiantiles y defensoras de los derechos humanos.

Según el líder de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Fabio Arias, uno de los objetivos de la jornada de protesta será exigir que se sancione la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Otro de los reclamos es instar al Estado al cumplimiento de acuerdos pactados con diferentes sectores y gremios, como los profesores, estudiantes, indígenas, pensionados, campesinos y trabajadores en general.

La movilización llamará también a la modificación del proyecto de PND para el próximo cuatrienio, el que consideran acentúa la precariedad laboral y la inequidad social en Colombia.

Con el PND los trabajadores perderán el 36% de sus ingresos

Por Fabio Arias Giraldo.
Fiscal nacional CUT / Tomado de www.las2orillas.co


La ministra de Trabajo, Alicia Arango, en concordancia con las bases del PND -Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad- establece la necesidad de una flexibilidad laboral y para ello propone, entre varias modalidades, la del contrato por horas.

Para el desarrollo de esta nueva modalidad contractual el PND contempla en su articulado lo siguiente:

Artículo 113º: Piso Mínimo de Protección Social. Créase el Piso Mínimo de Protección Social como las mínimas garantías en materia de seguridad social para los trabajadores. Este se encuentra integrado por el Régimen Subsidiado del Sistema General de Salud, en materia de salud, el Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (Beps) como mecanismo de protección a la vejez y el Seguro Inclusivo que amparará al trabajador de los riesgos derivados de la actividad laboral. El Gobierno reglamentará las condiciones y el sistema operativo del mismo. Las personas sin capacidad de pago para cubrir el monto total de la cotización al Sistema Integral de Seguridad Social podrán afiliarse y/o vincularse bajo la modalidad del Piso Mínimo de Protección Social de que trata este artículo.

En relación con el servicio social complementario de los Beps el aporte será el 15% del ingreso mensual del trabajador, del cual el 1% se destinará a financiar el Seguro Inclusivo. En todo caso el ahorro no podrá ser inferior al tope mínimo anual establecido para los Beps.

Cuando se trate de trabajadores dependientes o independientes contratistas que perciban un ingreso mensual inferior a un (1) salario mínimo mensual legal vigente (smlmv) deberán vincularse al piso mínimo de protección social y el aporte al programa Beps deberá ser asumido enteramente por el empleador o por el contratante, así como el valor de la prima en el seguro inclusivo. Cuando se trate de trabajadores independientes por cuenta propia, serán ellos los responsables del aporte al programa Beps y el pago del seguro inclusivo.

La protección social en el plan de desarrollo: más de lo mismo

Por: Héctor Vásquez Fernández. Analista ENS.

El diagnóstico del problema está señalado por el Plan, al menos en sus cifras: “El país presenta déficits en la protección social de los trabajadores y la garantía de sus derechos fundamentales” (PND, 291)”.[1] El cuadro que sigue ilustra esta situación de manera más completa:



El Plan de Desarrollo se abstiene de señalar en el diagnóstico que los problemas de exclusión en materia de protección social evidencian la precariedad de nuestro Estado Social, debido a que no ha habido políticas públicas que materialicen los mandatos que sobre esta materia contiene nuestra constitución política, mandatos que hacen del nuestro un Estado Social, en el que el “el trabajo es un derecho que (en todas su modalidades) goza de la especial protección del Estado”.

A partir de la reforma de 1991, la constitución hizo de nuestro Estado un “Estado Social”, porque incluyó el capítulo II referido a los derechos sociales, económicos y culturales, como el derecho a la protección, la asistencia y la seguridad social de la población de la tercera edad (art. 46), la seguridad social como un servicio público y obligatorio, que debe basarse en la universalidad y la solidaridad (art. 48), el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud (art.49).

Pero para que todos estos derechos sean una realidad y el “Estado Social” deje de ser un mero enunciado, se requieren políticas públicas progresivas que garanticen la protección social universal de toda la población trabajadora. Pero se van a cumplir 50 años de haberse expedido estos mandatos y la situación es todavía muy precaria para una amplia proporción de la población. Los hechos son bastante dramáticos:


    1. Los trabajadores desempleados y cesantes no cuentan con ingresos que les aseguren el mínimo vital mientras encuentran un empleo, distintos a sus cesantías, las que se agotan rápidamente. La protección social contra los riesgos de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales e invalidez apenas cubre al 51.5% del total de la población ocupada, dato que incluye apenas al 8.7% de los trabajadores por cuenta propia.

Plan Nacional de Desarrollo y Trabajo Decente: sí… pero no

Por: Carlos Julio Díaz Lotero. Analista ENS

Un rasgo en el estilo de gobierno del Presidente Duque es que dice SI…pero a renglón seguido se hace lo contrario. Veamos:

Dice SI a la lucha contra la corrupción, pero después no da apoyo a las iniciativas legislativas que se desprendieron de la consulta anticorrupción. Dice SI a la Paz, pero no le hace fuerza a los proyectos de ley que tienen que ver con la implementación de los Acuerdos, ni compromete recursos para la reforma rural, ni mucho menos habla de la restitución de tierras. Dice que la solución a la crisis venezolana debe ser por la vía diplomática y no por la militar, pero su embajador en EE.UU[1] y su política exterior colocan a Colombia como punta de lanza de una probable intervención militar en el hermano país por parte de EE.UU.

Igual suerte corre el Trabajo Decente en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, titulado “Pacto por Colombia. Pacto por la equidad”.

La primera pregunta que uno debe hacerse es qué entiende el Gobierno por “Pacto”. La OIT lo considera una modalidad de diálogo social a nivel país, o entre sindicatos, agremiaciones de empleadores y gobierno. El Pacto es un instrumento típico del Estado Social en temas que van más allá de los asuntos laborales, como la política social y económica. De los pactos pueden hacer parte incluso actores sociales y organizaciones más allá del tripatismo clásico.

En la introducción del proyecto, las Bases del Plan, se intenta responder a la pregunta: ¿por qué este pacto por Colombia? Se dice: “El PND 2018-2022 implica ponerse de acuerdo en un gran pacto en donde concurren las inversiones públicas y privadas y los esfuerzos de los diferentes niveles de gobierno para que, como Estado, definamos el conjunto de prioridades, que generarán la verdadera transformación”.

Parece que el PND entiende por “Pacto” el acuerdo entre el Gobierno en sus diferentes niveles y los inversionistas privados, es decir el sector empresarial. El sindicalismo no parece hacer parte de los invitados a este esfuerzo de concertación. Es un Pacto sobre temas estructurales, transversales y regionales, supuestamente articulados.

Plan Nacional de Desarrollo: bienvenidos al pasado y al atraso

Por: Alberto Orgulloso, director General de la ENS

Se trata de una colcha de retazos que responde esencialmente a los intereses de las empresas, del capital y de las élites económicas y políticas. En contraste, desmonta derechos sociales y ciudadanos, profundiza el modelo de desarrollo extractivista, concentrador de la riqueza, del ingreso y del poder político.

Es un proyecto político contra el Acuerdo de Paz, quizá a manera de revancha política contra el gobierno anterior y contra los sectores de la sociedad que claman paz y reconciliación. Los temas claves se reducen a meros anuncios generales y falacias, que dan la apariencia de ser un proyecto democratizador basado en el modelo de los pactos sociales. Pero con la certeza de que nada o muy poco será cumplido, como hasta ahora lo ha sido. Los acuerdos iniciales sobre la agenda anticorrupción derivada de la consulta popular, con sectores aliados (liberales y de la U) y de la oposición (Verdes y Polo), evidencia la falta de seriedad del gobierno, que dice una cosa y hace todo lo contrario. Todos los proyectos de ley fueron hundidos por la bancada del gobierno Duque-Uribe.

Con este Plan los trabajadores y los sectores pobres quedan expuestos y más vulnerables, en la medida que adopta “los contratos por horas”, “la cotización por horas” (flexiseguridad), un pago mayor de los aportes a seguridad social por parte de los trabajadores independientes, que pasaría del 40% sobre el ingreso recibido, al 55% del ingreso base.

Asimismo, le apuesta a una medida ya fracasada: tratar de convertir por decreto a los trabajadores en emprendedores o “empresarios”, lo que en últimas es una figura disfrazada del empleo cuenta propia o autónomo, o trabajo precario, como los conductores de Uber, los trabajadores de plataformas y las redes de vendedores y promotores de productos por catálogo, e incluso trabajadores independientes por prestación de servicios, pero sin garantías laborales.

En un Estado Social de Derecho como el nuestro, el gobierno está obligado a cumplir la constitución política, la ley y el derecho internacional. En tal sentido, está obligado a acoger y cumplir las recomendaciones de la OIT, los ODS y los compromisos laborales internacionales derivados de los TLC, que son tratados internacionales vinculantes, y las observaciones de la OCDE en varios temas sensibles.

Pliego de Peticiones de FECODE.

PLIEGO NACIONAL ESTATAL 2019

Baldado de agua fría a la Meritocracia por parte del Procurador General de la Nación

Comunicado del Sindicato de Procuradores Judiciales a la Opinión Pública

Paradójico resulta que mientras la actual administración de la Procuraduría General de la Nación, se ha autoproclamado férrea defensora de la meritocracia, exigiendo de las demás entidades del Estado el respeto irrestricto del principio constitucional del mérito, al interior de la entidad se efectúen ataques frontales a dicho principio.

El Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia de fecha 2 de noviembre de 2018 en la que, acogiendo las pretensiones del Sindicato de Procuradores Judiciales PROCURAR, decretó la nulidad de un nombramiento en provisionalidad realizado por el señor Procurador General del Nación para cubrir una vacante transitoria en el cargo de Procurador Judicial II. Concluyó el Tribunal que ese nombramiento desconoció el régimen de carrera de la entidad1 al no recaer en un elegible seleccionado por mérito.

La Procuraduría General de la Nación, entidad llamada por la Constitución a ser garante de los derechos, en un intento desafortunado por desconocer y dejar sin efectos la citada decisión judicial que cobró firmeza, la ataca a través de una acción de tutela con la que pretende imponer ante el Consejo de Estado su propia interpretación de la ley, según la cual las listas de elegibles únicamente son obligatorias en el escenario de las vacantes definitivas, reviviendo con ello prácticas politiqueras para la designación de recomendados en los cargos de Procurador Judicial.

Resulta un contrasentido que la misma entidad que recientemente instaló lo que denominó ”Mesa de la Meritocracia en el Empleo Público”, señalando como uno de sus propósitos el de insistir ”en la obligación que tiene el Estado de dar estricto cumplimiento al mandato constitucional del mérito como principio fundamental para el ingreso y permanencia en el empleo público”, desconozca, a través del mecanismo excepcional de la acción de tutela, ese mismo principio cuya aplicación pregona en la administración pública.

Diría el saber popular “es fácil ver la paja en el ojo ajeno…”.

¡¡¡EL EJEMPLO EMPIEZA POR CASA!!!

Bogotá, D.C., 28 de febrero de 2019

LA HISTORIA TAMBIÉN ES ESCRITA POR MUJERES.

Llegó a Cartagena de Indias en un barco negrero y fue vendida, junto a otros africanos hombres y mujeres al comerciante español Pedro González; quién la revendió para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar de los ingenios en Palmira, Colombia, a más de 900 km al sur de Cartagena.

Vivió muchos años como esclava en las plantaciones de caña de azúcar, hasta que en el año 1840 se fugó junto con 45 cimarrones más a las montañas de Palmira, organizando un palenque dirigido por ella.

Desde ahí, empezó a promover la fuga de otros esclavos, pero fue capturada una vez e iba a ser asesinada y descuartizada para atemorizar a los demás cimarrones y esclavos en cautiverio para que desistieran de escapar de la esclavitud. Logró escapar gracias a sus conocimientos en magia y brujería.

Fue admirada también por sus conocimientos de magia y medicina natural. Curaba con hierbas y semillas, se especializaba en picaduras de serpientes y otras alimañas. Era devota de sus dioses africanos y no aceptó convertirse al Catolicismo, consideraba esta como la religión de sus verdugos y esclavizadores. Cuentan que fue una mujer guerrera, que no agachaba cabeza ni se dejaba humillar o maltratar por alguna persona blanca. Era esbelta, alta, cantaba cantos nativos y tenía buena voz para el canto; tocaba la marimba, se sentía muy orgullosa de ru raza, era dueña de un espíritu libre y guerrero.

Aprendió a leer y escribir en la época que vivió con un español criollo, quién fuera el padre de sus primeros 5 hijos; un hombre sensible que apoyó a su compañera y actuó como intermediario para que los negros de varias haciendas se fugaran. Fue fusilado en 1857 en la actual Plaza de Bolívar en Palmira, Valle del Cauca, acusado de traición y conspiración. Casilda tuvo un segundo marido llamado Juan Gregorio Caicedo Caicedo, nacido en Guapi, Cauca (Colombia). Este hombre fue curandero, brujo hechicero y también rebelde que después de ser declarado en libertad, salié de Guapí hacia Cali donde entró a trabajar como jornalero en el Ingenio Manuelita en Palmira, donde conoció a Casilda, se casaron y tuvieron 9 hijos. Casilda tuvo 14 hijos y aproximadamente más 60 nietos.

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